El lunes 24 de febrero, el primer día de la 43ª sesión del Consejo de Derechos Humanos (CDH43), el Secretario General de la ONU, António Guterres, lanzó un nuevo “Llamado a la acción por los derechos humanos”. Rumores de un “anuncio importante” del Secretario General circulaban desde fines del año pasado, y el propio Guterres los confirmó en un discurso de apertura ante la Asamblea General el 22 de enero. En esa ocasión, el Secretario General identificó cuatro desafíos contemporáneos clave que la humanidad enfrenta (los llamó “los cuatro jinetes”) – el aumento de las tensiones geopolíticas, la crisis climática, la creciente desconfianza y las desventajas de la tecnología digital – y, curiosamente, sugirió que el pilar de los derechos humanos debe ser central para la respuesta de la ONU. En ese sentido, informó a los Estados miembros de la ONU que en breve “lanzaría un llamado para intensificar la acción global sobre los derechos humanos y la dignidad humana”, diseñado para “colocar a las personas y sus derechos en el centro de nuestro trabajo”. Todo esto llevó a un alto nivel de expectativa entre los delegados que se reunían en el Palacio de las Naciones para el inicio de la CDH43. Desafortunadamente, el “Llamado a la acción” presentado por Guterres, aunque positivo en algunas partes, fue en general tímido, y representa una oportunidad perdida para proponer los tipos de reformas que podrían transformar la operación, ejecución e impacto del pilar de derechos humanos.
Esto debe comprenderse en el contexto de la marginación histórica del pilar de derechos humanos de la ONU, tanto en un sentido político como financiero. A lo largo de su historia, la ONU ha enfatizado sistemáticamente los aspectos de desarrollo y seguridad de su mandato por encima de sus prerrogativas de derechos humanos (como se define en la Carta de la ONU). Como parte de esa “desvalorización”, el pilar de los derechos humanos no está dirigido por un órgano principal de la ONU (la Comisión de Derechos Humanos y el Consejo de Derechos Humanos eran/son ambos órganos subsidiarios), y solo recibe alrededor del 3% del presupuesto ordinario de la ONU. Ningún Secretario General reciente (es decir, en el último cuarto de siglo), con la excepción de Kofi Annan, ha cuestionado seriamente este status quo ante; y aunque URG haya frecuentemente apoyado los esfuerzos de António Guterres para fortalecer la implementación de los derechos humanos a través de sus reformas del sistema de desarrollo y del pilar de seguridad, la sociedad civil en general cada vez más comparte la opinión de que el actual Secretario General está tratando de continuar el patrón histórico de marginación de los derechos humanos.
Por lo tanto, había una creciente expectativa antes del discurso de apertura de Guterres en la 43ª sesión; la esperanza de que propondría reformas y cambios significativos en la forma en que el pilar de derechos humanos opera y cumple con sus compromisos, cómo se conecta con los otros dos pilares de la ONU y cómo es financiado.
Al final, sin embargo, el “Llamado a la acción por los derechos humanos” del Secretario General distó mucho de corresponder a las expectativas, y estuvo lejos de presentar los tipos de reformas que la ONU necesita urgentemente para prevenir crisis y conflictos de manera efectiva, alcanzar los ODS “no dejando a nadie atrás” y proteger la dignidad y los derechos de todas las personas en todas partes.
“La aspiración más alta”
El “Llamado a la acción” busca – según su propio preámbulo – reafirmar el compromiso de la ONU con la Declaración Universal de Derechos Humanos y “revitalizar nuestra búsqueda de esos derechos y valores duraderos en el contexto de nuevos desafíos y oportunidades”. El objetivo del Secretario General, dice, “es promover una visión de los derechos humanos que sea transformadora, que presente soluciones y que hable directamente con todos y cada uno de los seres humanos”.
En realidad, sin embargo, el “Llamado a la acción” es poco más que un documento que enumera siete desafíos y oportunidades contemporáneos clave para los derechos humanos, y una lista de once “Principios orientadores” amplios que deberían guiar el trabajo en derechos humanos de la ONU. Los siete desafíos/oportunidades clave o “temas” identificados por el Secretario General son:
- Derechos en el núcleo del desarrollo sostenible.
- Derechos en tiempos de crisis.
- Igualdad de género e igualdad de derechos para las mujeres.
- Participación pública y espacio cívico.
- Derechos de las generaciones futuras y justicia climática.
- Derechos en el centro de la acción colectiva.
- Nuevas fronteras de los derechos humanos.
Hasta determinado punto, esto es perfectamente sensato. En los siete “temas”, el Secretario General identifica con precisión muchos de los principales problemas y desafíos de derechos humanos que el mundo enfrenta en 2020. Además, su crítica de esos problemas y desafíos es, en gran parte, perspicaz y elocuente. Por ejemplo, bajo el tema “Derechos en el núcleo del desarrollo sostenible”, Guterres afirma correctamente que “los 17 ODS están respaldados por los derechos económicos, civiles, culturales, políticos y sociales, así como el derecho al desarrollo”, y solo cuando “todos tienen el mismo acceso a oportunidades y opciones, y pueden reclamar sus derechos humanos, es que nadie se queda atrás”. Este análisis, a su vez, permitió al Secretario General abordar una de las preocupaciones más importantes de la actualidad en derechos humanos: la creciente “desigualdad socioeconómica, en todas sus dimensiones”. Todo esto significa, señaló Guterres, que las obligaciones de derechos humanos, en efecto, garantizan y respaldan “los compromisos políticos asumidos en 2015”. En otro ejemplo, bajo el título “Derechos en tiempos de crisis”, Guterres dice que las “consideraciones en materia de derechos humanos” son centrales en su agenda de prevención. “De hecho”, dice, “no hay mejor garantía de prevención que los Estados miembros cumplieren con sus responsabilidades en materia de derechos humanos […] Existe una correlación bien documentada entre el disfrute y el compromiso de una sociedad con los derechos humanos – incluso la no discriminación – y su resiliencia a crisis”. Por lo tanto, un objetivo clave del sistema de derechos humanos de la ONU debe ser desarrollar resiliencia y capacidades en derechos humanos, para así “prevenir violaciones de los derechos humanos” y – cuando ocurran patrones preocupantes de violaciones – “responder rápida y efectivamente” a emergencias/crisis de derechos humanos. El Consejo de Derechos Humanos y su mandato de prevención, establecido en el párrafo 5f de la resolución 60/251 de la Asamblea General deben, en otras palabras, ubicarse en el centro de la agenda de prevención de la ONU.
Fuerte en el diagnóstico, débil en el tratamiento prescrito
Desafortunadamente, el “Llamado a la acción” ha fallado en emplear su correcto diagnóstico para proponer las reformas estructurales que podrían permitir que el pilar de derechos humanos de la ONU – y, de hecho, el sistema ONU en general – responda efectivamente a los desafíos críticos de derechos humanos identificados por el Secretario General.
Los “principios” presentados por Guterres para guiar las respuestas de la ONU son tan vagos que casi no tienen sentido. La afirmación de que “los derechos humanos son universales e indivisibles”, la promesa de que “nuestros esfuerzos deben caracterizarse por los más altos estándares de integridad”, el compromiso de poner “un énfasis especial en los derechos de las mujeres”, el llamado a “una comunicación más eficaz sobre el impacto positivo” de las intervenciones de derechos humanos, y la promesa de “mejorar las sinergias entre los derechos humanos y todos los pilares del trabajo de la ONU”, son apropiados, pero difícilmente constituyen una hoja de ruta detallada para la acción.
Lo mismo ocurre con las acciones más “específicas” enumeradas en cada uno de los siete “temas” clave de derechos humanos.
Es cierto que hay algunas propuestas útiles y, de hecho, muy pertinentes, como, por ejemplo, “asegurar que los principios de derechos humanos informan la implementación de la Agenda 2030”, como la “forma más segura de garantizar los beneficios de la Agenda […] a todos, sin dejar a nadie atrás”. A este respecto, el Secretario General identifica correctamente la importancia de integrar las impresiones de los tres mecanismos principales de derechos humanos (es decir, sus recomendaciones) “en los planes nacionales de desarrollo”. En otro ejemplo, bajo el tema de la prevención, hace un llamado a “Coordinadores Residentes y Equipos de País de la ONU” para garantizar que los análisis de riesgo país “estén informados por los derechos humanos”, y en ese sentido reafirma su determinación de “expandir, según sea necesario, la presencia de Asesores de Derechos Humanos en los Equipos de País de la ONU”. Además, bajo el tema “derechos de las generaciones futuras”, hace un llamado al reconocimiento universal del “derecho a un medio ambiente seguro, limpio, saludable y sostenible”, y a un mayor enfoque en la protección a los derechos y apoyo al trabajo de los defensores de derechos humanos ambientales. Todos estos son, sin duda, puntos importantes, y el apoyo del Secretario General es apreciado. Sin embargo, tales “acciones” en realidad ya están en marcha en la ONU – lanzadas hace algún tiempo a través de iniciativas del Consejo de Derechos Humanos (por ejemplo, sobre derechos humanos y los ODS), o mediante componentes de las reformas del sistema de desarrollo del Secretario General.
A pesar de estas propuestas ingeniosas, la gran mayoría de las “acciones” propuestas por el Secretario General son tan vagas que es difícil ver qué valor podrían tener. Llamados a: “desarrollar una agenda de protección para el sistema ONU, respaldada por un entendimiento común de la centralidad de la protección en nuestras acciones”, “construir sobre iniciativas existentes, incluyendo la iniciativa Derechos Humanos Adelante”, “iniciar un diálogo sobre la participación más sistemática de la sociedad civil en los organismos y agencias de la ONU”, “revisar y fortalecer las herramientas de la ONU que apuntan a empoderar a la sociedad civil, proteger el espacio cívico y apoyar la participación”, “crear espacio para que los jóvenes participen en la toma de decisiones que afectarán su futuro”, “considerar formas de involucrar más plenamente a una gama más amplia de partes interesadas en los procesos políticos relacionados con el cambio climático [p. ej. ciudades]” y “aprovechar todas las oportunidades para comunicar la importancia del derecho internacional”, son objetivos dignos. Sin embargo, el “Llamado a la acción” presenta poco o ningún detalle sobre cómo procederá la ONU, quién será responsable (el Secretario General, el Alto Comisionado, los Estados), o cuál será el cronograma para su implementación.
Lo mismo ocurre cuanto a los puntos de acción propuestos que realmente contienen las “semillas” de reformas importantes, como el llamado mencionado anteriormente para una revisión de la participación de la sociedad civil, así como propuestas interesantes para “aumentar el apoyo a los Estados miembros, incluso a través de mayores esfuerzos de creación de capacidades para instituciones y mecanismos nacionales y regionales de derechos humanos” (¿Eso se refiere a mecanismos nacionales para implementación, presentación de informes y seguimiento?) y para “desarrollar una estrategia de financiación para proporcionar estabilidad financiera para el sistema internacional de derechos humanos”. Quizás (y con suerte) se presentarán documentos de estrategia más concretos que aborden estas ideas en un futuro cercano. Pero, por ahora, el “Llamado a la acción” del Secretario General plantea tantas preguntas como ofrece respuestas.
Por último, pero no menos importante, en un tema – la prevención – las “acciones” propuestas por el Secretario General son simplemente equivocadas y en realidad representarían un paso atrás. En su diagnóstico, reconoce correctamente la importancia central del pilar de los derechos humanos (el Consejo de Derechos Humanos y el ACNUDH) tanto en la prevención primaria (fomento de la resiliencia nacional en derechos humanos) como secundaria (prevención temprana y participación temprana) y – en sentido general – en la construcción de una exitosa estrategia de prevención para la ONU. Sin embargo, cuando se trata de proponer “acciones” concretas sobre prevención, este entendimiento parece desaparecer por completo. De hecho, en los cuatro puntos de acción bajo el tema “Derechos en tiempos de crisis”, el Secretario General no menciona ni siquiera una vez el Consejo de Derechos Humanos o el ACNUDH. En cambio, habla vagamente de “continuar colaborando con el Consejo de Seguridad” y de “utilizar creativamente todo el espectro de herramientas y canales, incluido la capacidad de influir otros actores, para crear conciencia, prevenir crisis y proteger a las personas de manera efectiva”. Después, bajo el tema “Derechos humanos en el centro de la acción colectiva”, comete el mismo error (en realidad, cada uno de los últimos cuatro Secretarios Generales de la ONU también han elegido “securitizar” el problema de la prevención). Aquí, hace un llamado para que los “análisis de derechos humanos e informaciones […] sobre posibles crisis de derechos humanos” sean presentados “al Consejo de Seguridad y a la Asamblea General”, ignorando por completo el mandato y las prerrogativas (de hecho, la existencia) del Consejo de Derechos Humanos, especialmente en materia de prevención.
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