La semana pasada (27 de septiembre), el Consejo de Derechos Humanos (el ‘Consejo’) adoptó una serie de resoluciones que son relevantes para América Latina. [1] . Sin embargo, una decisión particular ha llamado la atención de los activistas de derechos humanos, profesionales y medios de comunicación en la región. En un mes en el que América Latina ha visto una ola de noticias sobre la situación en Venezuela y su impacto en los países vecinos de la República Bolivariana [2] , la resolución sobre ‘Promoción y protección de los derechos humanos en la República Bolivariana de Venezuela’ se llevó casi todas las miradas.
Aprobada por votación (con 23 votos a favor, 7 en contra y 17 abstenciones) y patrocinada por un grupo de casi 30 Estados, [3] la resolución ‘(e)xpresa su más profunda preocupación por las graves violaciones de los derechos humanos en el contexto de una crisis política, económica, social y humanitaria’ documentadas en el informe de la OACNUDH; “(e)xhorta al Gobierno de la República Bolivariana de Venezuela a que acepte la asistencia humanitaria a fin de hacer frente a la escasez de alimentos, medicamentos y suministros médicos”, así como a los problemas de salud que afectan actualmente a su población; y solicita además a la Alta Comisionada de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, la Sra. Michelle Bachelet ‘que prepare un informe exhaustivo por escrito sobre la situación de los derechos humanos en la República Bolivariana de Venezuela que será sometido al Consejo de Derechos Humanos en su 41er período de sesiones y al que seguirá un diálogo interactivo de mayor calado’.
Al presentar la resolución, Perú, en nombre de los patrocinadores, reconoció la gravedad de la situación en Venezuela, en particular para los refugiados, y comentó que el objetivo del texto propuesto es dar voz a los millones de venezolanos que están sufriendo una crisis humanitaria sin precedentes en la región.
Los Estados que votaron en contra de la resolución, por ejemplo, Cuba y China, explicaron que, para ellos, la resolución no es neutral, sino más bien política y selectiva. Destacaron además que el texto contribuye a politizar el tema 2 de la agenda del Consejo, bajo el cual se aprobó la resolución (ver más abajo).
Venezuela, como Estado interesado, rechazó la resolución y la llamó una iniciativa de hostil, violatoria de la soberanía del Estado y los principios fundadores del multilateralismo. Para el Estado en cuestión, esta decisión es “el comienzo de una escalada intervencionista” que responde a una agenda política.
Los activistas de derechos humanos, particularmente en Ginebra, han elogiado la resolución por considerarla “victoria sin precedentes” que coloca a Venezuela en el foco de la comunidad internacional. Para ellos, es un primer paso importante que permite a las Naciones Unidas abordar una crisis que había permanecido fuera de la agenda de la mayoría de los foros políticos globales.
Sin embargo, otro grupo de defensores de los derechos humanos, principalmente de Venezuela y de América Latina, no están tan contentos. En el contexto de álgidas discusiones sobre una posible intervención militar y frente a un creciente número de asesinatos, ejecuciones, detenciones arbitrarias, entre otros; solicitar un informe de la Alta Comisionada es, para ellos, una solución ‘débil’.
La decepción se basa en el hecho de que la OACNUDH ya tiene la autoridad para hacer este tipo de informes, y de hecho, acaba de presentar un reporte que no sólo sirvió fundamento para la petición presentada por algunos miembros del Grupo de Lima a la Corte Penal Internacional sino, incluso, para la propia resolución. Además, argumentan que la decisión no menciona violaciones específicas y que evita la creación de un mecanismo más fuerte, como, por ejemplo, una Comisión de Investigación, algo que, para algunos expertos de la región, podría haber sido una alternativa mejor y más sólida.
Es urgente una solución más robusta que evite más muertes y conflictos. Para estos activistas, “es demasiado tarde para estar tomando primeros pasos” para enfrentar la crisis. Para ellos, una investigación seria, realizada por una persona independiente o un grupo de expertos sobre los delitos presuntamente cometidos por el régimen de Maduro, con el fin de garantizar rendición de cuentas, es lo que el país necesita para comenzar a salir de la crisis. Sin embargo, tal decisión habría requerido que el Consejo estudiara la situación en Venezuela bajo el punto 4 de la agenda del Consejo. [4] .
Pero la resolución venezolana fue adoptada bajo el tema 2, v.gr. informe anual del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos e informes de la Oficina del Alto Comisionado y el Secretario General. Esto significa que la Alta Comisionada incluirá dentro del resumen de prioridades que presentaría al comienzo de la 41ª sesión del Consejo la situación en Venezuela. También significa que el Consejo está comprometido a abordar la situación, pero fuera de los puntos 4 y 10 de su agenda.
Es, por lo tanto, como lo han señalado los activistas venezolanos, un pequeño y primer paso. La pregunta que queda es si el resultado de esta resolución será oportuno y suficiente para poner fin a la crisis, garantizar la rendición de cuentas, restaurar la democracia y evitar una escalada militar.
Notas
[1] Por ejemplo, aprobó un texto sobre los derechos de los pueblos indígenas y una decisión sobre mortalidad y morbilidad materna.
[2] El 26 de septiembre de 2018, seis Estados del Grupo de Lima (Argentina, Canadá, Chile, Colombia, Paraguay y Perú) solicitaron a la Corte Penal Internacional investigar los presuntos crímenes de lesa humanidad cometidos por el gobierno de Nicolás Maduro. La solicitud es inusual, pues es la segunda reclamación en la que los peticionarios buscan una investigación por presuntos delitos que no se han cometido en sus territorios o, en otras palabras, un Estado denuncia a otro. El objetivo de la solicitud es convertir en un examen preliminar que ya está en curso en una investigación preliminar que se espera que se convierta en un juicio del Presidente Maduro y otros funcionarios de alto nivel.
[3] Albania, Argentina, Australia, Austria, Bélgica, Bulgaria, Canadá, Chile, Colombia, Costa Rica, Croacia, Chipre, República Checa, Dinamarca, Estonia, Finlandia, Francia, Georgia, Alemania, Guatemala, Guyana, Honduras, Islandia, Irlanda, Liechtenstein, Lituania, Luxemburgo, México, Mónaco, Montenegro, Países Bajos, Nueva Zelanda, Noruega, Paraguay, Perú, Polonia, Rumania, Eslovaquia, Eslovenia, Suecia, Ucrania, Reino Unido de Gran Bretaña e Irlanda del Norte.
[4] Para comprender mejor la decepción de los activistas venezolanos, vale la pena mencionar que el Consejo generalmente adopta resoluciones específicas de cada país bajo tres de sus temas del programa. En el punto 10, asistencia técnica y creación de capacidad, el Consejo estudia las situaciones específicas de cada país en las que puede contribuir a mejorar la promoción y protección de los derechos humanos. En el punto 4 de la agenda, situaciones de derechos humanos que requieren la atención del Consejo, el Consejo estudia casos específicos de abusos contra los derechos humanos. El resultado de la resolución del ítem 4 puede ser un informe del ACNUDH, un procedimiento especial específico del país o una comisión de investigación. Las decisiones tomadas bajo el tema 10 generalmente requieren la cooperación del Estado en cuestión y tienen una connotación más “positiva” que las decisiones del Artículo 4, que se consideran señales de que ya existe una situación grave.
Créditos de fotografías
Foto destacada: Human Rights Council 39th regular session, 10 de septiembre de 2018. UN Photo / Elma Okic.
Resultados de Votación: HRC Secretariat.
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