El 13 de febrero, el Consejo de Seguridad celebró su primer debate sobre Justicia Transicional como una cuestión temática, con Estados de todas las regiones ofreciendo informaciones de primera mano y pidiendo a la ONU que desempeñe un papel de apoyo. Bélgica, que preside el Consejo de Seguridad durante el mes de febrero, inició y presidió el debate abierto sobre “Justicia Transicional en situaciones de conflicto y posconflicto”, bajo el ítem Consolidación y Mantenimiento de la Paz de la agenda del Consejo (el debate está disponible en línea (Parte I y Parte II)).
La justicia transicional se refiere a las formas por las cuales los países que salen de un conflicto o represión a gran escala abordan violaciones graves de los derechos humanos y violaciones graves del derecho internacional humanitario. La justicia transicional generalmente presenta un espectro de medidas interrelacionadas y complementarias, que incluyen la búsqueda de la verdad, la justicia (incluida la justicia penal), la reparación y las garantías de no repetición (generalmente reformas, incluso de las instituciones políticas, sociales y de seguridad). La justicia transicional ha sido un componente del trabajo del Consejo de Seguridad en el pasado y ya ha aparecido en resoluciones del Consejo, como en la resolución 2282 adoptada en abril de 2016, que identificó la justicia transicional como fundamental para sostener la paz. La Justicia Transicional también ha aparecido en resoluciones sobre temas de la agenda relativos a países específicos.
Oradores
El debate comenzó con una exposición informativa de la Alta Comisionada para los Derechos Humanos, Michelle Bachelet (a través de VTC). Esta ha sido una de las pocas veces que la Alta Comisionada Bachelet ha hablado al Consejo de Seguridad. Ella hizo su primer discurso ante el órgano en marzo de 2019, en una reunión en el modelo Fórmula de Arria, sobre el tema “derechos humanos, responsabilidad y justicia: contribuciones a la paz y seguridad internacionales”.
En el debate del 13 de febrero, Bachelet señaló que la paz no sigue automáticamente “cuando las armas callan”; la paz sostenible depende de la presencia de justicia, desarrollo y respeto por los derechos humanos. Reconstruir vidas requiere que se haga justicia, que se reconozca el sufrimiento y que se restablezca la confianza en las instituciones estatales.
Bachelet advirtió que “las demandas de justicia se pueden negar, pero no desaparecerán”, una declaración de especial relevancia para un organismo como el Consejo de Seguridad, que ha autorizado mecanismos y comisiones de justicia internacional. Además de citar ejemplos de todo el mundo, habló de su propia experiencia en Chile: “procesos de justicia de transición que son específicos para cada contexto, de propiedad nacional y centrados en las necesidades y decisiones informadas de las víctimas pueden conectar, empoderar y transformar las sociedades y, por lo tanto, contribuir a una paz duradera y justa”. Bachelet también señaló que la desigualdad (una preocupación importante para los observadores de derechos humanos) y el fracaso en abordar los abusos del pasado ponen a los Estados en grave riesgo de futuras violaciones.
Bachelet añadió que la comunidad internacional tiene un papel clave que desempeñar en la asistencia a los Estados, destacando el impacto de las Misiones y Comisiones de Investigación en “aclarar los hechos, proporcionando a las autoridades nacionales y a la comunidad internacional un mapeo honesto de cuestiones generalmente complejas y duraderas”. También señaló que las referencias explícitas en las resoluciones del Consejo de Seguridad a los procesos de justicia transicional, tal como aparecieron en la Resolución 2489 sobre la Misión de Asistencia de la ONU en Afganistán, proporcionan una base sólida para el compromiso de la ONU con el gobierno y la sociedad civil en ese tema complejo.
Yasmin Sooka, Directora Ejecutiva de la Fundación para los Derechos Humanos en Sudáfrica, Fideicomisaria del Centro de Paz Desmond Tutu y Presidente de la Comisión de Derechos Humanos en Sudán del Sur, también hizo una exposición informativa al Consejo de Seguridad. Ella instó el Consejo a trabajar con el Consejo de Derechos Humanos, la Alta Comisionada para los Derechos Humanos, la Asamblea General y otros mecanismos y organismos para abordar las causas indirectas de los conflictos, como la violencia estructural, la discriminación y la explotación económica, así como adoptar enfoques innovadores y decisivos para los conflictos y para la consolidación de la paz. Ella también señaló que “las experiencias africanas han desafiado el enfoque limitado en violaciones de derechos civiles y políticos, a la luz de los legados de violencia y violaciones estructurales resultantes de sus historias coloniales” y que los procesos en Sierra Leona, Perú y Túnez han experimentado progresos al abordar el papel de las cuestiones de género. También señaló que los Estados frágiles que salen de las crisis no siempre tienen la capacidad de llevar a cabo programas ambiciosos y radicales de justicia de transición, y que es ahí donde las Naciones Unidas y los Estados miembros deberían proporcionar un apoyo vital.
El Sr. Francisco de Roux, Presidente de la Comisión para el Esclarecimiento de la Verdad, la Convivencia y la No Repetición de Colombia, señaló que la justicia de transición cuesta muy poco en comparación con, por ejemplo, las transacciones militares. También advirtió que durante los procesos los gobiernos necesitan determinación política para evitar que la justicia transicional se degenere hacia la politización.
Debate General
Más de 60 países participaron en el debate general que se siguió a los informes, y muchos compartieron sus experiencias nacionales. Es interesante notar que tales ejemplos vinieron de países de todas las regiones y de Estados en diversos niveles de desarrollo. Todos los Estados prestaron su apoyo a la justicia transicional en principio y acordaron la importancia de tener algún tipo de proceso de justicia transicional luego de un período de violaciones. Varios oradores destacaron la importancia de tener un enfoque centrado en la víctima y en el contexto específico que vaya más allá de la responsabilidad individual para responder a problemas estructurales, aunque hayan divergido acerca del alcance del papel de la ONU. Varios Estados, incluido Gambia, que abordó su propia experiencia reciente, enfatizaron la importancia crítica de amplias consultas con las partes interesadas, particularmente las víctimas (y en el caso de Gambia, incluidas las comunidades de la diáspora), para fundamentar los marcos de los procesos de justicia de transición.
Kenia señaló que la justicia de transición inclusiva e integral puede proporcionar una hoja de ruta para una paz duradera y sostenible. Sudáfrica declaró que la justicia de transición fue esencial para su transición pacífica y alentó a los países a explorar la amplia gama de herramientas de justicia de transición disponibles para abordar problemas complejos. Varios Estados decidieron resaltar algunas de estas herramientas y enfatizar su importancia: Perú señaló que, cuanto a la rendición de cuentas para los crímenes de lesa humanidad y genocidio se debe aplicar toda la fuerza de la ley; Indonesia destacó la importancia de incluir a las mujeres en la planificación y en los procesos de justicia de transición; y Noruega destacó la importancia del derecho de las víctimas a la verdad y de cómo el proceso reconoce su sufrimiento. Las referencias a la importancia de la justicia de transición también fueron acompañadas de notas de precaución. India y el Reino Unido advirtieron sobre los riesgos de los procesos de justicia de transición vacilantes, y Canadá señaló que la justicia de transición no es “mágica” y que el “largo camino para reparar el daño es un proceso, no un evento”.
Varios Estados plantearon los vínculos entre la justicia de transición y el desarrollo sostenible. El Salvador señaló que los procesos de justicia transicional generalmente carecen de un enfoque socioeconómico, mientras que Portugal y Luxemburgo señalaron que la justicia transicional es esencial para alcanzar los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS). San Vicente y las Granadinas sugirió que la justicia transicional sea parte de una estrategia más amplia para enfrentar las desigualdades estructurales y considerar las necesidades de las comunidades vulnerables y marginadas. Fiji señaló que, dado que surgirán nuevos conflictos por el cambio climático, tal vez la justicia transicional también tenga un papel que desempeñar en el enfrentamiento del impacto humano del cambio climático.
El rol de la comunidad internacional
Varios Estados comentaron el papel del Consejo de Seguridad en el apoyo a procesos de justicia de transición. Túnez señaló que el Consejo puede alentar las medidas nacionales promovidas por la sociedad civil. Alemania recordó la resolución 2467 (2019) del Consejo que enfatizó un enfoque centrado en los sobrevivientes para la justicia transicional. Alemania también instó al Consejo a incluir reconciliación y otras actividades relacionadas en los mandatos de las misiones, e a invitar a las comisiones del Consejo de Derechos Humanos a informar al Consejo de Seguridad con más frecuencia. Estonia y Liechtenstein pidieron al Consejo de Seguridad que haga un mejor trabajo de prevención, oportunidad en que Estonia también propuso un papel para la justicia de transición en la prevención. San Vicente y las Granadinas pidió al Consejo que recurra a las capacidades de asesoramiento estratégico de la Comisión de Consolidación de la Paz con mayor frecuencia y, cuando sea relevante, haga un mejor uso del Fondo de Consolidación de la Paz.
Varios Estados también abordaron el papel de otros organismos y mecanismos internacionales y regionales. Níger expresó su apreciación por las directrices continentales de la Unión Africana para la justicia de transición, mientras que Túnez expresó su apoyo al fondo fiduciario en beneficio de las víctimas establecido por el Estatuto de Roma. De hecho, varios países aprovecharon la oportunidad para expresar su apoyo al trabajo de la Corte Penal Internacional. Argentina recomendó que los Estados se adhieran a la Convención Internacional para la Protección de todas las Personas contra las Desapariciones Forzadas. El CICR, a su vez, describió las desapariciones forzadas como un problema humanitario y “una herida abierta” para los afectados.
Varios Estados expresaron cautela sobre el alcance de la participación de la ONU, y Brasil se refirió al apoyo de la ONU como un “acto de equilibrio”. Sin embargo, la mayoría de los Estados acordaron, independientemente del apoyo externo, que la apropiación nacional es crítica para el éxito a largo plazo de la justicia de transición. Japón declaró que los mecanismos de justicia de transición deben considerarse creíbles, inclusivos y de propiedad local para ganar la confianza de las personas.
Reflexiones finales
La discusión incluyó un apoyo razonablemente universal a la justicia transicional (aunque no sin reservas) y fundamentalmente destacó áreas en las que el campo hizo progresos recientemente, como la consideración e inclusión de factores socioeconómicos y demandas, la incorporación de la perspectiva de género, la importancia crucial de las consultas con las víctimas, y la necesidad de ir más allá de (aunque no eliminar) la cuestión de la responsabilidad penal individual. Al menos un Estado también planteó la difícil cuestión de cómo tratar las violaciones cometidas por actores no estatales.
La justicia transicional es un tema en el que cada región tiene experiencia y conocimiento, y dado que alguna forma de justicia transicional se ha convertido en una expectativa, no solamente una ambición, debates como este son importantes para que el Consejo de Seguridad determine su papel y garantice que cualquier resolución relativa a la justicia transicional sea capaz de reflejar una comprensión más profunda de su complejidad.
También es una oportunidad para volver a conectar el Consejo con los más afectados por sus decisiones o por su indecisión. El Sr. De Roux señaló que la justicia de transición es un proceso que permite que las víctimas sean reconocidas como ciudadanos con plenos derechos políticos y sociales. Él destacó que la comunidad internacional debe estar comprometida y debe poner a los seres humanos por encima de cualquier otro propósito u objetivo.
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