Oslo, miércoles 27 de junio de 2018.
En la víspera de su participación en el Oslo Tropical Forest Forum (OTFF), la organización nacional indígena peruana AIDESEP, junto con el Forest Peoples Programme (FPP), ha lanzado un informe que destaca el continuo fracaso del gobierno peruano para cumplir con sus compromisos progresivos respecto al reconocimiento de los derechos territoriales de los pueblos indígenas. Sin embargo también reporta un aspecto positivo: el rápido avance en el registro de tierras indígenas gracias a los programas de financiamiento descentralizados, implementados y supervisados por las organizaciones indígenas.
En las palabras de Lizardo Cauper Pezo, presidente de AIDESEP, “Perú es uno de los pocos casos en el mundo donde por la lucha de las organizaciones indígenas, los fondos climáticos están siendo invertidos directamente en el reconocimiento de los territorios indígenas. Sin embargo, en la práctica, el cambio es lento y contradictorio y estas iniciativas corren el riesgo de ser socavadas por obstáculos y lentitudes burocráticas. Mientras que el proceso de titulación no se acelera, la deforestación sigue avanzando.”
El informe, Carrera de resistencia, no de velocidad: El papel del financiamiento climático internacional para asegurar los derechos territoriales indígenas en Perú, rastrea el estado de los compromisos asumidos por el gobierno peruano desde 2011 como parte de su estrategia nacional de mitigación del cambio climático. Estas promesas incluyeron la reforma de sus leyes obsoletas sobre derechos territoriales indígenas para alinearlas con las leyes internacionales de derechos humanos y para acelerar el progreso en la titulación y demarcación de aproximadamente 20 millones de hectáreas de tierras indígenas y más de 1300 comunidades cuyo reconocimiento permanece pendiente. En términos concretos, el gobierno se comprometió a titular por lo menos 5 millones de hectáreas de tierras indígenas y destinó al menos $ 20 millones en fondos de donantes internacionales para este propósito. Los donantes incluyen: el gobierno noruego, el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD) y el Programa de Inversión Forestal (FIP) del Banco Mundial.
Estos compromisos respondieron a un reconocimiento del gobierno peruano que, de acuerdo con la creciente evidencia global, los esfuerzos para proteger los bosques solo serán equitativos y eficaces si se respetan y reconocen los derechos territoriales de las comunidades indígenas y los que dependen de los bosques.
Sin embargo, la gran mayoría de estos fondos y proyectos no se han implementado, aparentemente por estar detenidos en un atolladero burocrático. El único progreso real se ha visto gracias a las propias organizaciones indígenas como receptores directos del fondo del Mecanismo Dedicado Específico (FIP-MDE) del Programa de Inversión Forestal para pueblos indígenas que a fines de 2017 había resultado en el registro legal de 124 comunidades indígenas y la titulación de 10 en el lapso de sólo un año. Hasta la fecha y sumando toda la incidencia climática de las organizaciones indígenas hay mas que 150 comunidades reconocidas y 50 tituladas.
Roberto Espinoza, co-autor del informe señaló “que la experiencia de AIDESEP en Perú al haber logrado instalar en la agenda climática los derechos territoriales y además reorientado la inversión de fondos en esa dirección, demuestra que sí es posible y factible, avanzar en los objetivos de territorialidad y autonomía de los pueblos, participando e incidiendo en los procesos climáticos nacionales y globales. Pero esos avances son lentos, con marchas y contra marchas, en una tensión permanente con las resistencias e incoherencias en las tecnocracias estatales y multilaterales. Por eso es una carrera de resistencia, tenacidad, persistencia, cuyos resultados demoran en mostrarse, pero se han concretado y seguirán materializándose. No es una carrera de “velocidad”, de resultados inmediatos. No es lo deseable ni lo suficiente, porque la “acumulación por despojo” avanza aceleradamente. Lo importante son las lecciones que deja AIDESEP y sus aportes para el movimiento indígena internacional, de cómo reorientar los procesos climáticos”
A pesar de esas experiencias positivas tanto, como se describe en el informe, el gobierno peruano sigue favoreciendo un modelo de conservación que se basa en la creación de áreas protegidas exclusivas y la aplicación de criterios discriminatorios y arbitrarios aún cuando titulan tierras de los pueblos indígenas. Estos incluyen la falta de reconocimiento de la extensión total el territorio tradicional de los pueblos indígenas, mientras que los “títulos” que se emiten se hacen bajo la forma de un “contrato de cesión en uso” que no solo es precario, sino extremadamente restrictivo. Aún más grave es el hecho que la respuesta del gobierno peruano a las iniciativas legales de las organizaciones indígenas en la región de San Martín para rectificar estas leyes, ha sido amenazarlos con la cancelación o suspensión del programa de titulación de tierras que está siendo implementado por el PNUD.
Peor aún, a pesar de los compromisos asumidos por el gobierno peruano en 2008 para reducir la deforestación neta de un promedio de 123,000 ha/año a cero en 2020, las tasas anuales de deforestación han seguido aumentando año tras año a más de 160,000 ha/año en 2016. Otro informe conjunto de AIDESEP y FPP de 2014 destaca cómo la deforestación en la Amazonía peruana se ha descontrolado como resultado de las políticas públicas contradictorias que favorecen a las industrias extractivas y a los proyectos de infraestructura, agravadas por la escasa ejecución y la regulación ambiental deficiente, junto con la existencia de lagunas jurídicas e incentivos perversos que promueven la deforestación.
Finalmente, el informe presentado hoy hace un llamado al gobierno peruano y a los patrocinadores de su estrategia climática nacional para mejorar significativamente los esfuerzos para asegurarlos territorios de los pueblos indígenas y cumplir con sus obligaciones legales.
Dr Conrad Feather, coautor del informe por FPP explicó que: “La Corte Interamericana de Derechos Humanos ha establecido reiteradamente que los Estados deben salvaguarda los territorios indígenas y no crear concesiones o propiedades privadas hasta que los derechos territoriales de los pueblos indígenas en el área hayan sido resueltos . El gobierno peruano afirma que es demasiado caro y complicado titular los territorios de los pueblos indígenas, pero ellos son los que diseñan los procedimientos onerosos y complejos. Si realmente quisieran cumplir con la ley y salvaguardar los territorios indígenas, incluso podrían hacerlo sin millones de dólares en fondos. Podrían simplemente registrar los reclamos indígenas que se han presentado y evitar cualquier asignación de tierras en el área hasta que se haya resuelto la titulación de esa comunidad. Hacen esto con las áreas protegidas que crean, ¿por qué no pueden hacerlo para los territorios indígenas?”
Notas para editores:
1. El OTFF es un espacio internacional convocado por el Gobierno de Noruega para promover y debatir iniciativas para abordar la destrucción de los bosques tropicales del mundo.
2. AIDESEP (Asociación interétnica para el desarrollo de la Amazonía peruana) es la principal organización nacional indígena amazónica de Perú que representa a más de 1500 comunidades en la región amazónica.
3. Los $20 millones de financiamiento climático para la titulación de tierras indígenas en la Amazonía peruana se basan en los siguientes cálculos aproximados: Forest Carbon Partnership Facility 2011- $ 1 millón. Programa de inversión forestal 2013, $ 7 millones. PNUD 2016, $ 6.1 millones. FIP-DGM 2013, $ 3.5 millones. Reino de Noruega-Perú DCI $ 3.5 millones, 2015.
Esta nota fue inicialmente publicada por Forest Peoples Programme y ha sido reproducida con su amable autorización.
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