miércoles 29 de abril de 2020, Bogotá
En un reporte para el Consejo de Derechos Humanos tras su visita a Colombia en los últimos meses de 2018, el Relator Especial de la ONU sobre la situación de los defensores de derechos humanos Michel Forst, reconoce los esfuerzos del Gobierno de Colombia para crear un entorno seguro para la defensa de los derechos humanos, y aun así lamentó los continuos riesgos a los que se enfrentan los defensores de derechos humanos en el país (Colombia es el país con el mayor número de defensores asesinados en América Latina). El Relator también llamó la atención hacia la falta de reconocimiento social del importante papel de los defensores en la sociedad. Esto, según dijo, contribuye a su marginalización y la violencia dirigida hacia ellos
Según El Análisis Global de FrontLine Defenders para 2019, Colombia es el país más peligroso en el mundo para los defensores de derechos humanos con más de 100 asesinatos solamente en ese año – un número que es improbable que refleje completamente la escala de la amenaza. Este último punto (varios asesinatos no son reportados a nivel internacional) es resaltado por la investigación de organizaciones locales como el Instituto de Estudios para el Desarrollo y la Paz – INDEPAZ, que muestra datos sobre los primeros tres meses del año 2020, donde 71 líderes sociales y defensores fueron asesinados en Colombia. INDEPAZ también señala la alta tasa de impunidad sobre estos y otros asesinatos – estimada alrededor del 95%.
Como ex Relator Especial de la ONU para los derechos humanos y el medio ambiente, John Knox, argumentó en reporte de política de URG en 2017 sobre defensores ambientales, el asesinato de defensores es sólo la punta del iceberg en términos de las amenazas a las que se enfrentan y las violaciones de derechos humanos que sufren. El reporte de FrontLine Defenders evidencia los ataques contra defensores que incluyen: arresto y detención arbitraria, acciones legales falsas, ataques físicos, amenazas, ataques a sus propiedades, desapariciones, tortura y otros malos tratos, campañas de calumnia, abuso verbal, prohibición de viaje, y violencia sexual. Todas estas violaciones de derechos humanos son una realidad diaria para los defensores en Colombia, donde sistemas de protección inadecuados, crimen organizado, y actividades económicas ilegales se mezclan para crear una ‘tormenta perfecta’ para aquellos que trabajan por la protección de sus derechos y el medio ambiente.
Como se refleja en el reporte de Michel Forst ante el Consejo, Colombia ha tomado un número de pasos en años recientes, en línea con sus obligaciones sobre derechos humanos a nivel internacional y regional, para crear un entorno seguro y propicio para los defensores de derechos humanos. Por ejemplo, la Unidad Nacional de Protección – UNP, se estableció en el 2011 bajo el Ministerio del Interior con el propósito de mejorar la capacidad del Estado de prevenir y proteger contra violaciones de derechos humanos, especialmente a aquellos en situaciones vulnerables. Otros mecanismos nacionales desarrollados para la protección de defensores incluyen la Mesa Nacional de Garantías para la Labor de Defensores de Derechos Humanos, el Programa Integral de Garantías para Mujeres Líderes y Defensoras de Derechos Humanos, además de varios mecanismos aprobados como parte del Acuerdo de Paz de 2016.
A pesar de estos avances, la situación a la que se enfrentan los defensores de derechos humanos en el país permanece precaria, y el número de ataques y asesinatos es realmente alta. ¿Por qué es este el caso?
Una razón importante – como lo señaló Michel Forst – es la estigmatización social de los defensores orquestada por oficiales del gobierno (incluyendo oficiales públicos locales), agentes judiciales, empresarios corruptos, y miembros de grupos armados ilegales, quienes con frecuencia los etiquetan como ‘guerrilleros’, ‘extremistas anti-desarrollo’, o ‘informantes’. Como lo menciona el Relator Especial en su reporte, ‘la vasta mayoría de defensores de derechos humanos en Colombia no pueden trabajar en un entorno seguro y de apoyo – Carecen de un reconocimiento positivo social y público, y son criminalizados y subestimados debido a su trabajo sobre derechos humanos, por parte de actores Estatales y no-Estatales’.
Otra razón hace referencia a las continuas consecuencias del conflicto civil de décadas en Colombia. A lo largo de la historia moderna colombiana, el país ha visto a menudo el asesinato de aquellas personas con una visión política diferente a la del gobierno de turno, o a la de aquellos que sostienen el poder económico. A mediados de la década de 1980, miembros del partido político de izquierda Unión Patriótica, conformado por ex miembros de grupos guerrilleros, fueron sometidos a persecución política y violencia por parte de narcotraficantes, paramilitares, y fuerzas de seguridad. Hoy en día, como un eco de esos días, aquellos que reciben amenazas y ataques son con frecuencia líderes sociales que muestran su apoyo al Acuerdo de Paz de 2016 donde se acordó el derecho de ex miembros de las FARC de entrar a la escena política – algo visto por partes del establecimiento económico y político (especialmente aquellos involucrados con corrupción y otras actividades ilegales) como contraposición a sus intereses.
Entre las recomendaciones al Gobierno de Colombia incluidas en el reporte, el Relator Especial subrayó la necesidad de ‘reafirmar el compromiso político con el Acuerdo de Paz y priorizar su implementación, asignando los recursos necesarios para hacerlo, particularmente los mecanismos para la protección de defensores de derechos humanos (…)’.
Pero, ¿Por qué hay tantas muertes en Colombia comparado con otros lugares, aun cuándo un número de instituciones y mecanismos se han establecido específicamente para proteger a los defensores?
La precaria seguridad en el país tras años de conflicto civil es indudablemente una razón principal, así como también aplicación irregular de la ley. El Estado está ausente en varias regiones de Colombia, incluyendo aquellas regiones donde gran parte de los ataques ocurren. Adicionalmente, la agencia designada para proteger a los defensores, la Unidad Nacional de Protección – UNP, no cuenta con los recursos suficientes ni la capacidad para responder efectivamente en la atención a todos los casos presentados. Esta situación es exacerbada por una falta de confianza entre defensores y comunidades locales, y representantes de la UNP. Finalmente, en muchos casos, las apuestas – especialmente las apuestas económicas en relación a tratos de negocios corruptos, por ejemplo – son muy altas. Aquellos involucrados están entonces, dispuestos a adoptar medidas extremas para silenciar a aquellos que alzan su voz y denuncian.
Reacción del Gobierno
Desafortunadamente, muchas de las conclusiones y recomendaciones contenidas en el reporte de Michel Forst, fueron vehementemente rechazadas por las autoridades colombianas. Según el gobierno de Iván Duque, el reporte es demasiado ‘severo e irresponsable’, y no refleja la verdadera situación en el país. Esto se sumó a la ya existente tensión entre el Gobierno y las Naciones Unidas. Por ejemplo, el Presidente Duque había rechazado las críticas de la Alta Comisionada para los Derechos Humanos, Michelle Bachelet, como una ‘violación a la soberanía del país’.
Estas tensiones han puesto los niveles de cooperación en Colombia con la ONU y sus mecanismos de derechos humanos en riesgo. El Gobierno ha cuestionado recientemente la necesidad de mantener la amplia presencia de la OHCHR en el país, y parece haber cancelado una visita planeada de seguimiento por el Relator Especial sobre defensores de derechos humanos.
Entonces, ¿Dónde está la verdad? ¿Está Colombia haciendo lo suficiente para proteger los derechos y la vida de los defensores de derechos humanos? ¿Podría hacer más?
Muchos en Colombia parecen creer que no está haciendo lo suficiente. En 2019 grandes congregaciones se llevaron a cabo en varias de las principales ciudades de Colombia, protestando en contra de la incapacidad del Gobierno por detener los ataques en contra de líderes comunitarios, miembros de la sociedad civil, y defensores de derechos humanos. Las manifestaciones sociales se sumaron al paro nacional que tuvo lugar por más de un mes. Las pancartas durante las protestas incluían carteles que simplemente decían: ‘Nos están matando’.
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