Prevención: operacionalización del mandato de prevención del Consejo (parágrafo 5f GA res. 60/251)

El mandato del Consejo de Derechos Humanos de responder a las violaciones de los derechos humanos, incluidas las violaciones graves y sistemáticas, como se establece en el párrafo operativo 3 de la resolución de la Asamblea General 60/251, es bien conocido. Menos conocido, pero igualmente importante, es el mandato del Consejo para evitar que tales violaciones ocurran en primer lugar y responder con prontitud a las crisis emergentes.

En primer lugar, el párrafo 5f comienza pidiendo al Consejo que trabaje, “a través del diálogo y la cooperación, hacia la prevención de las violaciones de los derechos humanos”. En otras palabras, el Consejo tiene el mandato de prevenir las violaciones de los derechos humanos antes de que ocurran, construyendo capacidad y resiliencia de los derechos y enfocándose en las causas profundas.

En segundo lugar, según la última parte del párrafo 5f, el Consejo tiene el mandato de “responder con prontitud a las emergencias de derechos humanos”. En otras palabras, cuando la prevención primaria falla y donde hay signos de alerta temprana de patrones emergentes de violaciones de derechos humanos, el Consejo debería actuar rápidamente para llegar al Estado (y la región) en cuestión para evitar una ampliación o profundización de la crisis.

Tercero, el párrafo 5f es claro que el Consejo puede y debe “contribuir” a la prevención. Eso significa que cualquier nuevo marco de políticas que ponga en práctica el párrafo 5f no debe verse de manera aislada, sino como parte de una agenda coherente de prevención en toda la ONU.

A pesar de este mandato claro y explícito, y once años después del establecimiento del Consejo, los Estados miembros aún no han establecido un marco de política explícito y coherente (por ejemplo, una estrategia, procesos específicos, mecanismos personalizados) para cumplir con el mandato de prevención del organismo.

A partir de 2017, Universal Rights Group está implementando un proyecto que tiene el objetivo más amplio de promover la puesta en práctica del mandato de prevención del Consejo de Derechos Humanos.