El 1 de mayo de este año, los diputados de los principales partidos políticos del Reino Unido acordaron en el Parlamento del Reino Unido apoyar la enmienda ‘Magnitsky’ al proyecto de ley de sanciones y prevención del lavado de dinero. La enmienda fue adoptada sin votación y fue descrita por el Secretario de Relaciones Exteriores, Boris Johnson, como “un momento importante” que “permitiría al Reino Unido actuar contra los responsables de delitos graves en todo el mundo”. La enmienda no tuvo oposición cuando el proyecto de ley volvió a la Cámara de los Lores, y desde entonces ha recibido el asentimiento real.
Entonces, ¿En qué consiste esta nueva pieza de legislación? Las llamadas leyes ‘Magnitsky’ son una tendencia internacional en desarrollo, éstas buscan garantizar la rendición de cuentas por parte de personas, de todo el mundo, que hayan estado involucradas en graves violaciones de derechos humanos. La legislación lleva el nombre de Sergei Magnitsky, un abogado ruso y denunciante de irregularidades, que investigó la presunta corrupción en Rusia. La enmienda al proyecto de ley de sanciones y prevención del lavado de dinero permitirá al Reino Unido imponer sanciones como la congelación de activos y la prohibición de viajar a quienes sean acusados de graves violaciones de derechos humanos.
Existe un creciente interés internacional en analizar los vínculos entre la corrupción y las violaciones de los derechos humanos. Un único análisis empírico sobre los impactos de la corrupción en los derechos humanos fue lanzado por Universal Rights Group (URG) y Kroll en Ginebra el pasado 22 de mayo, presentando evidencia sólida sobre la correlación entre la corrupción y las violaciones de los derechos humanos individuales. El análisis presentó datos convincentes que demuestran que la corrupción, especialmente la corrupción sistémica, puede ser uno de los obstáculos más importantes para el disfrute de los derechos humanos en todo el mundo y, por extensión, para la realización de la Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible. La corrupción puede tener efectos devastadores en el acceso individual a una gama de servicios básicos derivados de las obligaciones internacionales de derechos humanos, como educación, vivienda y agua, pero también socava todo el funcionamiento, la credibilidad y la legitimidad de las instituciones estatales, el estado de derecho y, en última instancia, el Estado mismo.
A pesar de estos vínculos, la corrupción y los derechos humanos tienden a ser considerados en paralelo por procesos separados. En el ámbito de la lucha contra la corrupción, la Convención de las Naciones Unidas contra la Corrupción se centra en gran medida en la perspectiva del derecho penal. Si se implementa de manera efectiva, ésta tiene un gran potencial para enjuiciar a los perpetradores de la corrupción, pero no está diseñada para dirigirse a las víctimas de esos actos delictivos. El sistema de derechos humanos de la ONU, por otro lado, con su enfoque en las personas, tiene el potencial de darle vida a esa dimensión.
Los mecanismos del Consejo de Derechos Humanos (CDH), los comités de expertos que supervisan los tratados de derechos humanos y los Procedimientos Especiales del CDH recomiendan a los gobiernos tomar medidas para abordar los obstáculos a los derechos humanos y actúan como canales para que las víctimas denuncien presuntas violaciones. Muchas de las áreas de políticas públicas cubiertas por estos mecanismos son fundamentales para los esfuerzos anticorrupción en un país, para asegurar que las instituciones estatales basadas en el estado de derecho sean funcionales y para considerar la realización de los derechos a los servicios esenciales, incluyendo aquellos relacionados con la independencia de los jueces, la pobreza extrema, la educación y la salud. La incapacidad del Estado para proporcionar servicios esenciales debido a la corrupción en las instituciones y la prestación de servicios puede constituir una violación de los derechos humanos.
Al unir nuestras ideas sobre los derechos humanos y la corrupción, podríamos fomentar una acción más práctica sobre el terreno en nuestra lucha común contra la injusticia, la exclusión y la impunidad. Estas dos comunidades comparten mucho en común en términos de objetivos y experiencias. En el fondo, ambos tienen un propósito común: enfrentar la injusticia. Esa injusticia tiende a ser sentida con más dureza por los sectores más pobres de la sociedad. Ambas comunidades enfrentan los desafíos de poner en práctica los compromisos formales y de confrontar a la autoridad, cuyos intereses pueden ser atendidos preservando el status quo. Es hora de unir fuerzas para enfrentar estos obstáculos comunes, y pasar de la promesa a la práctica para ayudar a los más desfavorecidos y cambiar los intereses intratables.
Entonces, ¿cómo podríamos utilizar los mecanismos de derechos humanos para hacer esto?
En primer lugar, brindando un foro o plataforma para que expertos en derechos humanos y expertos en anticorrupción se reúnan, compartan buenas prácticas y lecciones aprendidas, y consideren, juntos, cómo podemos incrementar y fortalecer aún más nuestra respuesta común a la corrupción.
En segundo lugar, debemos aprender de las experiencias de los Estados que han adoptado con éxito un enfoque basado en los derechos humanos para enfrentar la corrupción, para ayudar a otros Estados que enfrentan desafíos similares, y solicitan el apoyo de la ONU, a replicar ese éxito. En Ginebra se habla mucho sobre la mejora del trabajo del Consejo de Derechos Humanos sobre asistencia técnica y desarrollo de capacidades, que es un vehículo obvio para proporcionar dicha ayuda.
En tercer lugar, deberíamos considerar cómo integrar una perspectiva de derechos humanos y corrupción en el trabajo sobre prevención, aún en evolución, del Consejo. Como señala el informe de URG, la corrupción a menudo es una causa fundamental y una consecuencia de graves violaciones de los derechos humanos y, en última instancia, de conflicto. Noruega, Suiza, Sierra Leona y Colombia ya están realizando un trabajo muy importante al poner en funcionamiento el mandato de prevención del Consejo.
Estas preguntas serán el tema central del próximo taller de expertos sobre anticorrupción y derechos humanos, que se celebrará en Ginebra el 11 de junio. Los estados miembros, los representantes de las Naciones Unidas, los mecanismos nacionales, las organizaciones de la sociedad civil, y las empresas identificarán oportunidades para vincular las medidas anticorrupción con los esfuerzos para promover y proteger los derechos humanos y considerar los desafíos que enfrentan los países en la lucha contra la corrupción. Espero que estas discusiones contribuyan a nuevas ideas sobre cómo el Consejo de Derechos Humanos y, en general, el sistema de la ONU pueden ayudar a los Estados a adoptar un enfoque basado en los derechos en sus esfuerzos contra la corrupción.
Responder de manera significativa a las violaciones de los derechos humanos causadas por la corrupción o relacionadas con ella es vital para luchar contra la impunidad, garantizar la reparación de las víctimas y promover la no repetición. Esto tomará tiempo. Pero la evolución de las leyes ‘Magnitsky’, en el Reino Unido y en otros lugares, ofrece una gran promesa en la lucha contra la corrupción y las violaciones de los derechos humanos.
S.E. el Embajador Julian Braithwaite es Representante Permanente del Reino Unido ante las Naciones Unidas y otras organizaciones internacionales en Ginebra
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