El principal marco de política intergubernamental para combatir la intolerancia religiosa, la estigmatización, la discriminación, la incitación a la violencia y la violencia contra las personas basadas en la religión o las creencias fue establecido en la resolución 16/18 del Consejo de Derechos Humanos (Consejo) y su resolución hermana en la Asamblea General (AG ) – Resolución AG 66/167. Las resoluciones 16/18 y 66/167 fueron adoptadas por consenso en 2011, y aclamadas por las partes interesadas de todas las regiones y religiones como un importante paso adelante en los esfuerzos internacionales para enfrentar la intolerancia religiosa y el discurso de odio. La inclusión de un plan de acción explícito para combatir la intolerancia religiosa en los párrafos operativos de estas resoluciones (así como en iteraciones posteriores de los textos) es clave para comprender su valor y relevancia continua. Además, los Estados tuvieron la previsión de establecer también un mecanismo específico de implementación para el plan de acción: el “Proceso de Estambul”.
Desde el lanzamiento del Proceso en Estambul, Turquía, en julio de 2011, se han celebrado siete reuniones a nivel de expertos: en Washington (EE. UU.), Londres (Reino Unido y Canadá), Ginebra (OIC), Doha (Qatar), Jeddah (OIC) , Singapur y La Haya (Países Bajos). En abril de 2019, Dinamarca y la Unión Europea organizaron una reunión en Ginebra para evaluar el progreso realizado con la implementación de las resoluciones 16/18 y 66/167. Una década después de la adopción de esas resoluciones y en un contexto preocupante de mayor intolerancia religiosa en todo el mundo (incluido el aumento de la islamofobia, el antisemitismo y los ataques contra las minorías cristianas), el fortalecimiento del Proceso de Estambul y su uso como vehículo para impulsar el progreso mundial en la lucha contra la discriminación y el odio sigue siendo de suma importancia.
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