Bajo la lupa: derechos humanos y religión

El principal enfoque temático de URG durante sus primeros años fue derechos humanos y religión

Muchos de los desafíos de derechos humanos más importantes e intratables que enfrenta el mundo de hoy están estrechamente relacionados con la religión y la creencia. El fracaso en la protección de la libertad de conciencia, el problema persistente de la intolerancia religiosa y la incitación al odio religioso, así como los malentendidos generalizados sobre la naturaleza de la relación entre la religión y las libertades universales, constituyen una ruptura importante para lograr el progreso hacia la plena realización de derechos humanos. Por lo tanto, a lo largo de un ciclo de dos años, el Grupo estudiará diferentes aspectos de la relación entre religión y derechos humanos, produciendo una serie de informes y organizando consultas, diálogos y eventos relacionados.

El objetivo de URG es mantener la universalidad de los derechos humanos al demostrar que la religión y las creencias son inherentemente compatibles con el disfrute de los derechos humanos y que al hacerlo contribuyen a la comprensión mutua y a la tolerancia.

Nuestros proyectos

Combatiendo la intolerancia, la discriminación y la incitación basadas en religión y creencias 

El principal marco normativo mundial de la ONU para combatir la intolerancia religiosa, la estigmatización, la discriminación, la incitación a la violencia y la violencia contra las personas basadas en la religión o las convicciones se establece en la resolución 16/18 del Consejo.

La Resolución 16/18 fue adoptada por consenso en marzo de 2011 y fue saludada por actores de todas las regiones y creencias como un punto de inflexión en los esfuerzos internacionales para enfrentar la intolerancia religiosa. Después de más de cinco décadas de fracaso, se esperaba que los Estados miembros de la ONU se reunieran finalmente para acordar un enfoque común y consensuado y un plan de acción práctico.

Cuatro años después, y en contra del ya mencionado contexto de mayor hostilidad religiosa, el consenso de la ONU en torno al marco “16/18” está en un punto de ruptura. En lugar de trabajar juntos para implementar el plan de acción 16/18, los estados han vuelto a los argumentos previos a 2011 sobre la naturaleza del problema, el papel correcto de la comunidad internacional y si la solución a la intolerancia radica en el fortalecimiento del disfrute de los derechos humanos fundamentales  o en establecer límites más claros sobre los mismos.

Este proyecto tiene como objetivo ayudar a poner de nuevo el marco 16/18 en una evaluación imparcial de los niveles de implementación, ofreciendo recomendaciones para fortalecer el cumplimiento en el futuro y proveer una plataforma para el diálogo para fortalecer el consenso.

Reservas religiosas a las convenciones de derechos humanos de la ONU

Varios Estados han formulado reservas a los artículos de las convenciones fundamentales de derechos humanos basándose en que las leyes, las tradiciones, la religión o la cultura nacionales no se ajustan a los principios enunciados en el tratado respectivo.

Este proyecto busca analizar, comprender y generar conciencia sobre el alcance, el impacto y la necesidad de las reservas religiosas a los convenios fundamentales de derechos humanos. El proyecto también, sobre la base de este análisis, busca establecer un diálogo entre los estados y crear las condiciones bajo las cuales éstos pueden considerar la revisión o la eliminación de tales reservas.

 

Previniendo el extremismo violento

Desde abril de 2016, URG  ha venido desarrollando un proyecto para comprender mejor el papel del sistema internacional de derechos humanos en la prevención del extremismo violento y la forma en la que el trabajo de la ONU en esta área “encaja” en otras áreas relacionadas de la ONU, incluyendo las iniciativas para combatir la discriminación e intolerancia religiosas, proteger los derechos humanos en la lucha contra el terrorismo y la educación en derechos humanos. El proyecto procurará proporcionar recomendaciones a los responsables políticos para promover la aparición de una respuesta fuerte y coherente de la ONU que evite efectivamente el extremismo violento y promueva el pleno disfrute de los derechos humanos.