El 24 de septiembre, el presidente de Brasil, Jair Bolsonaro dio un discurso de alto nivel durante el debate general de la sesión número 74 de la Asamblea General (AG) de las Naciones Unidas (NU). En este, afirmó que su gobierno está firmemente comprometido con la protección y conservación del medio ambiente, así como con el desarrollo sostenible en el plano general. No obstante, en el mismo discurso, Bolsonaro cuestionó reclamaciones sobre la severidad de los recientes incendios en la selva del Amazonas, al igual que la relevancia de dichos incendios para la humanidad – ¿Realmente son importantes los incendios en la selva de Brasil para la comunidad internacional o para las “Personas” de las Naciones Unidas? Comprensivamente su discurso produjo serias críticas de ambientalistas y defensores de derechos humanos alrededor del mundo, quienes repetitivamente han sonado alarmas sobre la escala del desastre en el Amazonas (y sus amplias implicaciones para el cambio climático), y sobre la severidad de los impactos de los incendios en los derechos humanos.
Así pues, ¿Son los incendios en la selva del Amazonas, y especialmente la falla del Estado de Brasil de prevenirlos y hasta – como algunos han argumentado – de crear las condiciones bajo las cuales se dieron, un asunto de preocupación sobre derechos humanos? La respuesta corta es sí.
En varias resoluciones de las NU de los últimos 8 años, al igual que en numerosos reportes de Relatores Especiales de NU y de la Oficina del Alto Comisionado para los Derechos Humanos (OACDR), en comentarios generales de Cuerpos de Tratados de NU, y en decisiones de cortes nacionales y regionales, la estrecha interrelación entre el medio ambiente y el disfrute de los derechos humanos ha sido claramente definida. Esas determinaciones tienen tres características generales en común. Primero, reconocen el serio impacto del daño medioambiental, incluyendo el causado por el cambio climático, en los derechos humanos de individuos y grupos alrededor del mundo. En algunos casos, van tan lejos como para reclamar que la falla de un Estado de proteger y conservar el medio ambiente, cuando esa falla lleva al daño humano, puede constituir una violación de derechos humanos – aun cuando no la frontera entre causa y efecto se entrecruza. Segundo, las NU y otras organizaciones y cortes relevantes han mostrado que las obligaciones y los principios de derechos humanos deben informar las políticas de protección ambiental de los Estados, mejorando la calidad y la coherencia de leyes y acciones nacionales. Este es el caso especialmente de los derechos procesales – i.e. los derechos de comunidades o individuos (sobre todo de aquellos en condición de vulnerabilidad debido a status indígena, discapacidad, género, edad, etc.) afectados por el daño ambiental o por políticas que afectan su entorno. En este punto, la ley internacional es clara: el Estado debe informar y consultar a las comunidades afectadas, brindar acceso a la toma de decisiones, y proveer acceso a remedio y compensación. Tercero, los llamados “defensores de derechos humanos ambientales” son la “cara” de la relación entre la protección o el daño del medio ambiente y los derechos humanos. Estos individuos (e.g. los indígenas del Amazonas quienes alzaron su voz sobre los incendios y confrontaron a los presuntos causantes) hacen valer sus derechos humanos para defender el entorno natural del cual estos dependen.
Brasil es Parte de las Convenciones Internacionales de Derechos Humanos y el Acuerdo de Paris de UNFCCC. También, como miembro del Consejo de Derechos Humanos, se unió en consenso en varias resoluciones reconociendo los lazos entre el cambio climático y otros daños medioambientales, por un lado, y asuntos de derechos humanos por otro lado. Recientemente, Brasil se unió en consenso en la resolución 40/11 del Consejo, la cual reconoce “el positivo, importante, y legítimo papel de los defensores de derechos humanos en la promoción y protección de los derechos humanos en cuanto se relacionan al disfrute de un entorno seguro, limpio, saludable, y sostenible.”
Adicionalmente, el mes pasado (6 de septiembre), Brasil junto con los otros seis países que comparten el bioma del Amazonas, firmaron el “Pacto de Leticia” (‘The Leticia Pact’), comprometiéndose a tomar medidas robustas para proteger la selva amazónica.
A nivel doméstico, sin embargo, organizaciones de la sociedad civil y defensores de derechos humanos ambientales argumentan que los instrumentos y las resoluciones internacionales ratificados y apoyados por Brasil, son más honrados en el incumplimiento que en la práctica. Críticos afirman que Brasil no tomó acciones efectivas para proteger la selva, o para proteger los derechos de aquellos afectados negativamente, especialmente los indígenas.
Sobre la cuestión del fracaso de Brasil de proteger la selva amazónica, y por lo tanto su fracaso por proteger los derechos de los brasileros, los expertos de instituciones climática señalan que el clima de este año no ha sido sustancialmente diferente de periodos anteriores (ha sido un poco más caliente) – por lo tanto, la causa probable de tantos incendios en semejante escala es la acción humana, probablemente relacionada con la deforestación ilegal y actividades de despeje. La retórica “pro desarrollo económico” del gobierno ha sido culpada, por algunos, por dar una “luz verde” a estos crímenes.
Expertos han mostrado que la extension de los incendios de este año es aproximadamente 80% mayor que el mismo periodo en el 2018. Más de 76,000 (76,000 fires) incendios han quemado más de 7,000 millas cuadradas de selva. En un contexto de ya alarmantes cifras de deforestación, algunos expertos han dicho incendios en esta escala significan que dentro de 20-30 años, “la selva no podrá más sacar dióxido de carbono al mismo ritmo, dejando que alrededor de 550 millones de toneladas de dióxido de carbono se queden en la atmósfera cada año […] Esta cantidad es comparable a las emisiones anuales de una economía mayor” (The Washington Post, 2019). Como lo demostró el IPCC, si no evitamos que la temperatura global siga aumentando, las consecuencias para los derechos humanos y la vida humano serán devastadoras.
Más aun, los impactos de los incendios en la calidad del aire, y la amenaza que representan para la salud de millones de personas, han causado gran preocupación. Debido a los incendios, el aire de Brasil ha sido contaminado con partículas tóxicas (with toxic particles) que probablemente afectarán la salud de miles de brasileros. Enfermedades respiratorias (Respiratory diseases) ya han aumentado en niños viviendo cerca al Amazonas.
Además, la vida y la salud de caso un millón de personas, pertenecientes a las comunidades indígenas del Amazonas, están en riesgo mientras que el fuego de los incendios se acerca a sus poblaciones. Estas personas dependen directamente de la selva para su alimentación, agua, hábitat, medicinas tradicionales, y ropa. Similarmente, sus derechos a identidad cultural, autodeterminación (rights to cultural identity, self-determination), y tierra colectiva, están en riesgo mientras que el ecosistema natural en el que están asentados es destruido.
A pesar de esto, como se mencionó anteriormente, los indígenas del Amazonas no son meramente víctimas, son participantes activos en la defensa de sus tierras, su entorno, y sus derechos. En los últimos años, la cantidad y la intensidad de incursiones en territorios indígenas por parte de madereros, ganaderos, y otros actores económicos ha aumentado considerablemente. Mientras que dichas invasiones aumentan, también lo han hecho los riesgos a los que se enfrentan los defensores de los derechos humanos ambientales. A principios de este año, la líder indígena fue asesinada por mineros ( Emrya Wajãpi was killed). La Alta Comisionada para los Derechos Humanos de las NU, Michelle Bachelet, respondió instando (urging) al gobierno de Brasil a detener la invasión de territorios tradicionales y asegurar sus derechos colectivos:
“Medidas efectivas deben tomarse para salvar las vidas e integridad física de las personas Waiapi. Insto al Gobierno a actuar decisivamente para detener la invasión de territorios indígenas y asegurar sus derechos colectivos a su tierra.”
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