El 1 de agosto de 2017 la Embajada de Turquía en Colombia, la Fundación el Nogal y Universal Rights Group, con el apoyo del Club El Nogal, organizaron un evento para dar a conocer la situación de los derechos de los pueblos indígenas y tribales en Colombia. Este evento contó con la participación de representantes de alto nivel del Gobierno colombiano, líderes de las comunidades indígenas, el Defensor del Pueblo colombiano y varios representantes empresariales y de la sociedad civil.
Uno de los objetivos del evento fue hacer visible el papel de los pueblos indígenas y tribales como defensores de los derechos humanos ambientales (DDHA). Como lo ha reconocido la Corte Interamericana de Derechos Humanos, los pueblos indígenas y tribales que defienden sus derechos también luchan por la protección del medio ambiente, ya que ambos están intrínsecamente vinculados. De hecho, su cultura, identidad y medios de subsistencia dependen de la estrecha relación que ellos tienen con sus tierras y recursos naturales. Por lo tanto, el ciclo virtuoso identificado por el Profesor John Knox, Relator Especial de la ONU sobre derechos humanos y medio ambiente, según el cual “el ejercicio de los derechos humanos ayuda a proteger el medio ambiente y un medio ambiente sano ayuda a asegurar el pleno disfrute de los derechos humanos” [1], es especialmente cierto en el caso de los pueblos indígenas y tribales.
En esa medida, el pleno disfrute y respeto de los derechos de los pueblos indígenas y tribales son esenciales para lograr el desarrollo sostenible y, por lo tanto, para cumplir con los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS). En consecuencia, el trabajo y los esfuerzos de los pueblos indígenas y tribales no sólo conciernen a sus comunidades, sino que también son de interés para la población en general.
A pesar de ello, y el hecho de que sus derechos deben ser respetados, promovidos y protegidos de la misma manera que los derechos del resto de la población, los pueblos indígenas y tribales en Colombia (y en América Latina en general) tienden a vivir en contextos de exclusión. De hecho, tienen mayores tasas de mortalidad que el resto de la población y tienden a ser afectados en mayor medida por los grandes proyectos de desarrollo. En Colombia, por ejemplo, en el evento del 1 de agosto, autoridades indígenas explicaron que durante los últimos años más de 4.000 niños han muerto en La Guajira por malnutrición. Su acceso a agua limpia ha sido constantemente negado por las autoridades locales y nacionales que han priorizado la minería y otros intereses sobre sus derechos, “quitando(les) el único río disponible y negando(les) el acceso al agua potable“[2]. No resulta extraño en este contexto resaltar que La Guajira es uno de los departamentos de Colombia más afectados por la corrupción, con tres de sus últimos gobernadores procesados por delitos relacionados con, entre otras cosas, el manejo inadecuado de poder y recursos públicos.
Esa exclusión ha convertido a los pueblos indígenas y tribales en uno de los grupos de defensores ambientales que actualmente enfrenta los mayores riesgos y amenazas. Se estima que, en promedio, tres defensores y defensoras de derechos ambientales mueren cada semana, y alrededor del 50% de éstos pertenecen a comunidades indígenas y tribales; y esto es sólo asesinatos, la amenaza más fácil de reportar e identificar.
Diariamente, innumerables personas pertenecientes a pueblos indígenas y comunidades tribales son agredidas física y psicológicamente, desaparecidas forzosamente, amenazadas y sometidas a muchas más violaciones de derechos humanos en represalia por su trabajo por la defensa del medio ambiente y los derechos asociados a éste. Como afirmó una lideresa indígena en el evento del 1 de agosto, “las mujeres son particularmente vulnerables a la violencia sexual.” La criminalización y el uso indebido del sistema judicial[3] se suman a la lista de medios empleados para silenciar sus voces y reclamaciones.
Estos riesgos y amenazas son catalizados por una “cultura de estigmatización”, en general reforzada por el uso indebido de la ley, antes mencionado. Las empresas, los funcionarios gubernamentales e incluso los ciudadanos habituales tienden a denominar los pueblos indígenas como antidesarrollo, insurgentes, enemigos del estado y perezosos, por nombrar algunos.
En muchos casos, tal caracterización falsa es dirigida y promovida por grupos y personas con poderosos intereses económicos y/o políticos (opuestos a los intereses de las comunidades indígenas y tribales) generalmente apoyados por la corrupción, la impunidad y un débil estado de derecho. En otros casos, sin embargo, surge de una profunda falta de conocimiento sobre lo que los pueblos indígenas y tribales quieren, reclaman y hacen, vinculada a la exclusión en la que viven. Esta “falta de conciencia” impregna las políticas nacionales, incluidas las de derechos humanos, e incluso los planes nacionales de desarrollo.
Esa “cultura de la estigmatización” es tan peligrosa que se ha considerado como un factor determinante en el uso y la tolerancia de la violencia [4] en contra los defensores y las defensoras ambientales, en general, y los pueblos indígenas y tribales, en particular; así como también del desconocimiento del derecho a la consulta previa (en violación del Convenio 169 de la OIT).
En consecuencia, en lugar de ver el ciclo virtuoso de John Knox, estamos siendo testigos de un círculo vicioso de exclusión y estigmatización.
Los proyectos y decisiones a los que se oponen los pueblos indígenas y las comunidades tribales, incluyendo, entre otras cosas, el desarrollo de proyectos de infraestructura y las industrias extractivas, tienden a ser adoptados sin tener en cuenta el impacto total que éstos podrían tener sobre los derechos de dichas minorías y, en consecuencia, consideran a la mayoría, en lugar de la totalidad de la población. Esto significa que un gran número de decisiones sobre el “desarrollo” de los países latinoamericanos están excluyendo y dejando gente atrás, en contradicción directa con la Agenda para el Desarrollo Sostenible de 2030.
En los últimos años, varios relatores y grupos de trabajo del sistema de Procedimientos Especiales del Consejo de Derechos Humanos de la ONU y un grupo de ONGs han emprendido amplios esfuerzos para comprender y aumentar la visibilidad de la situación de las comunidades indígenas y tribales, así como de los defensores y las defensoras ambientales. Al documentar y describir sistemáticamente el tema en cuestión, han aumentado la consciencia sobre el mismo. Sin embargo, y pese al valioso impacto que ha tenido su trabajo, todavía queda un largo camino por recorrer.
En el evento del 1 de agosto, tres representantes de más de 1.000 comunidades indígenas expresaron su frustración ante la ausencia de canales de comunicación eficientes con los gobiernos y la falta de implementación de las recomendaciones, resoluciones y normas emitidas por los mecanismos de derechos humanos de los niveles nacional, regional y global.
Las barreras que enfrentan para comunicarse con los gobiernos, incluida la corrupción, los riesgos de represalias y la falta de voluntad política, no están siendo subsanados por los mecanismos regionales y mundiales existentes. Estos sistemas son muy complejos: requieren conocimientos técnicos que quienes pertenecen a las comunidades indígenas y tribales a menudo no tienen, incluyendo el envío de documentos escritos, y (obviamente) el conocimiento sobre la existencia de dichos mecanismos; cosas que usualmente no son familiares a la mayoría de estas personas (ni de muchas otras en terreno).
Esto pone de relieve la necesidad de cerrar la enorme brecha que existe entre Ginebra y el resto del mundo. El acercamiento del sistema de derechos humanos a las personas es esencial para lograr un impacto en el terreno, servir al propósito para el cual este sistema fue creado y cumplir con los ODS.
Además, en el mismo evento del 1 de agosto, funcionarios gubernamentales reconocieron que la burocracia y la falta de comunicación entre las entidades oficiales son los mayores obstáculos para la adecuada aplicación de las normas internacionales de derechos humanos. Romper estas barreras y abordar los obstáculos en terreno también es esencial para la eficiencia de los mecanismos de derechos humanos. El creciente interés en los Mecanismos Nacionales de Presentación de Informes y Seguimiento ofrece la oportunidad de evaluar estos obstáculos y proponer soluciones eficientes y adecuadas, quizás con un enfoque basado en las necesidades locales. También representa una oportunidad para aumentar la asistencia técnica y la creación de capacidades.
En general, la situación de las comunidades indígenas y tribales en Colombia y América Latina representa enormes desafíos para el sistema internacional de derechos humanos, pero al mismo tiempo una enorme oportunidad para mejorar su eficiencia y generar impacto en el terreno.
[1] John Knox. Febrero de 2017. Environmental Human Rights Defenders, A Global Crisis. Universal Rights Group Policy Report. Available at: http://www.universal-rights.org/urg-policy-reports/environmental-human-rights-defenders-ehrds-risking-today-tomorrow/
[2] Cita de un líder Wayuu en el evento del 1 de agosto.
[3] Comisión Interamericana de Derechos Humanos. 21 de diciembre de 2015. Criminalization of Human Rights Defenders. OEA/SER.L/V/II, Doc. 49/15,. Disponible en: http://www.oas.org/en/iachr/reports/pdfs/criminalization2016.pdf
[4] ABColombia. Augusto de 2016. Mecanismos de Autoprotección: Comunidades rurales y Defensores de Derechos Humanos en Colombia. Disponible en: http://www.abcolombia.org.uk/downloads/B58_ABColombia-Mecanismos_de_autoproteccion_ESP.pdf
Foto principal: © European Union/ECHO/C. George 2015. The Wayuu – in particular the children – spend most of their day looking for water in dried up, saline or otherwise contaminated wells, drawing mostly brownish sludge unfit for human consumption. Licencia otorgada: CC BY-NC-ND 2.0
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